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La brasa caliente que por semanas tuvieron entre sus manos los legisladores se transformó en un rotundo triunfo político del sector productivo, que abogaba por un sustento legal equilibrado para el ordenamiento provincial de los bosques nativos.

La sanción, ayer a la madrugada, de la norma de adhesión a la ley nacional 26.331 (de presupuestos mínimos de protección ambiental) también trajo alivio en la Casa de las Tejas, donde hubo satisfacción por el resultado.

Aunque el Gobierno provincial se recostó en los legisladores para alumbrar el nuevo marco, con una participación secundaria de sus organismos técnicos (en particular el Ministerio de Agricultura), se descartaba ayer una rápida promulgación y reglamentación por parte del Ejecutivo.

Los bloques del oficialismo (justicialistas) y radicales, junto con otros bloques impusieron una amplia mayoría y, con las modificaciones finales, sellaron la idea de arbitrar entre las demandas ambientales y productivas. Así, la nueva ley no cerraría puertas al desarrollo regional y local, un alto punto de preocupación no sólo para los propietarios de tierras.

El ministro de Agricultura, Carlos Gutiérrez, recién llegado de su viaje a la India (acompañó al ministro nacional, Julián Domínguez), sostuvo que la sanción aportará seguridad jurídica, tanto para la preservación o recuperación de especies nativas como para impulsar nuevos proyectos de desarrollo.
Entre ellos, los de aumentar las áreas bajo riego con fondos del Prosap (Servicios Agrícolas Provinciales), la construcción de gasoductos y centros de transferencias de cargas en el norte provincial.

Por delante queda la letra chica de la reglamentación. Los productores todavía advierten zonas grises, con potenciales conflictos legales. ¿Qué se habilitará como rolado de bajo impacto? ¿La construcción de corrales o contra fuegos entre los trabajos permitidos colisionarán con el cuidado del bosque?, figuran entre las dudas.

Los productores de Serrezuela o de Cruz del Eje –que esta semana protestaron en la ruta– temen ser los más afectados por esas ambigüedades, que deberán ser zanjadas en la reglamentación.

Otro punto, en cambio, trajo alivio: la ley no habilita la constitución de guardianes del bosque nativo, una iniciativa de la COTBN (Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo) que, a juicio de Cartez, significaba avanzar sobre los derechos de propiedad de los productores.

Aunque las entidades del agro aspiran a contar con más de una silla en la comisión asesora que asistirá a la autoridad de aplicación (la Secretaría de Ambiente), ese cuerpo estará mayoritariamente integrado por representantes gubernamentales (Gobierno, Agricultura, Industria, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social) junto a universidades y ONG.

Debe suponerse que esta estructura, que ayudará en el nuevo ordenamiento, evitará los flancos de la COTBN, fuertemente cuestionada en su representatividad.

La promoción de la ganadería, en armonía con los recursos forestales nativos es una de las asignaturas que queda por delante, luego de la trabajosa sanción. La mayor parte de la geografía en la que se focalizará el trabajo de conservación no tiene aptitud agrícola y, en cambio, le abre puertas a las actividades pecuarias.

La habilitación de proyectos silvopastoriles permitirá llevar adelante empresas sustentables, independientemente de su tamaño, en los departamentos del noroeste. Los planteos de cría ya radicados, con pasturas implantadas y en armonía con corredores biológicos y de monte nativo, son una buena referencia de que la ganadería podrá atraer nuevas inversiones si se consolida una seguridad jurídica para los productores.