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La delegación Córdoba de la administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) confirmó anoche la realización de múltiples allanamientos ordenados en las últimas 48 horas por el Juzgado Federal de Villa María en el marco de una nueva causa de evasión sojera millonaria en la provincia.

El mismo Tribunal es el que lleva adelante la causa en la que se investiga la venta de unas 800 mil toneladas de soja en negro, proceso que ya confirmó la imputación de 25 personas y que habría probado la existencia de una asociación ilícita fiscal que actuaba en buena parte del territorio cordobés y tenía contactos con tres puertos.

La nueva causa en la que ahora avanza la fiscalía a cargo de Julián Falcucci hasta el momento no habría detectado relaciones entre ambas bandas.

Trascendió que en ambas causas se trata de maniobras de evasión similares –utilizar la figura de productores “fantasma” y carpetas con datos falsos para dar visos de legalidad a las ventas de cereal– pero con una diferencia fundamental en la nueva investigación judicial: en ese caso, la soja se habría exportado a Chile vía Mendoza.

A Chile

Por esa razón, se habría allanado una planta de acopio mendocina. Además, distintas delegaciones de la Afip y de la Policía Federal realizaron operativos de búsqueda de documentación en dos estudios contables –uno de la ciudad de Córdoba y otro de Villa María–, dos acopiadoras de cereales de Río tercero, seis domicilios particulares en Córdoba y una financiera en Río Cuarto.

Según el relato de radio Red Panorama, entre los elementos incautados en el transcurso de los allanamientos se encuentran centenares de cajas de documentación, sellos adulterados de jueces, juzgados y del Senasa y cheques firmados en blanco.

En sintonía con el lugar destacado de la provincia en la producción de soja, la Afip Córdoba cobró trascendencia a nivel nacional a causa de las investigaciones de evasión cerealera.

En lo que va del año, la regional Córdoba formuló 17 denuncias penales y hay 34 causas en la Justicia Federal.

Desde la entidad recaudadora estiman que el 30 por ciento de las operaciones cerealeras se efectúa de manera marginal, mediante este esquema de empresas fantasmas y carpetas con datos falsos. Dado que las retenciones no se pueden evadir, el esquema apunta principalmente a la elusión de Ganancias.