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El presidente de la Copal, Alberto Alvarez Gaiani

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) reclamó ayer ante la ministra de Economía, Felisa Miceli, que el Gobierno elabore una política de inversiones de largo plazo para el sector, que incluya una reducción de sus costos.

Durante algo más de una hora, el comité ejecutivo de la entidad, presidido por Alberto Alvarez Gaiani, planteó en el Palacio de Hacienda una serie de temas "que, por un lado, impactan negativamente en los costos de las empresas del sector y, por el otro, podrían mejorar su capacidad de producción", según un comunicado difundido después por la entidad.

"Se destacó la conveniencia de profundizar los programas destinados a la promoción de las inversiones, así como la aplicación de reintegros a las exportaciones", agregó. Fuentes calificadas de la Copal destacaron el clima "positivo" del encuentro y el carácter "receptivo" de la ministra, que estuvo acompañada por el secretario de Industria, Miguel Peirano, y el subsecretario de Alimentos, Fernando Nebbia.

De todos modos, las fuentes privadas indicaron que en el encuentro -en el que estuvieron presentes ejecutivos de Arcor, Aceitera General Deheza y Cargill, entre otras firmas- se habló de "la necesidad de que haya un plan de inversiones para tener certidumbre en el largo plazo".

La respuesta de la ministra fue que se está atendiendo el cuidado de las principales variables macroeconómicas para alentar la inversión, aunque aclaró que habrá "novedades" en el refuerzo de los subsidios a las Pyme. En este sentido, la Copal informó que se mencionó "la necesidad de que se instrumenten regímenes de subsidios y tasas preferenciales para los créditos que toman las pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio".

Lo que sí quiso dejar en claro la funcionaria es que no habrá ninguna medida destinada explícitamente a enfriar la demanda con el objetivo de reducir la inflación, en lugar de los acuerdos para contener los precios de los productos que tanto irritan a la mayoría del sector privado. "Hay márgenes suficientes para mantener la rentabilidad con estos costos", indicaron cerca de la ministra, aunque aclararon que los cuestionados acuerdos sólo fueron mencionados en forma "tangencial".

Por otra parte, frente a la demanda de la Copal para que se eliminen las tasas municipales (o de abasto), Miceli dijo que la Secretaría de Hacienda está estudiando la incidencia de cada uno de estos gravámenes, pero sin brindar mayores detalles.

En relación con ciertos proyectos de leyes laborales que se encuentran en el Congreso, la entidad manifestó a la ministra su "honda preocupación, ya que, en caso de ser sancionadas, podrían generar nuevas cargas burocráticas, mayor costo laboral y el incremento de la llamada industria del juicio".

La respuesta de Miceli fue que, la mayoría de las iniciativas se relacionan con el Ministerio de Trabajo y con el bloque oficialista de Diputados, más que con la cartera económica.